Introducción. Los bebés robados
Durante los cuarenta años de dictadura franquista, y hasta ya entrada la democracia, en España tuvo lugar uno de los delitos más silenciados y, a su vez, con mayor implicación y difusión mediática de la historia reciente. En el año 2010, los casos de mujeres que habían dado a luz en clínicas y maternidades a neonatos que fallecieron en extrañas circunstancias se hicieron noticia (Tortosa, 2014). Entonces, el término ‘bebés robados’ se popularizó dando comienzo a distintas iniciativas sociales y actuaciones judiciales en busca de la aclaración de la numerosidad de casos de sustracciones de menores sucedidos desde finales de la Guerra Civil hasta los primeros años de democracia en España.
El fenómeno delictivo de los bebés robados engloba una heterogeneidad de situaciones, todas relacionadas con las adopciones irregulares sucedidas en el seno del Estado español durante el siglo XX. A lo largo de este tiempo, multitud de menores fueron sustraídos de cárceles, clínicas, maternidades y centros de internamiento pasando a ser objeto de un delito motivado ideológicamente en sus inicios (Vinyes et al., 2002), y al que, con posterioridad, se le sumarían motivaciones adyacentes como el lucro, sustentadas por una estructura de poder e impunidad (Esteso y Luque, 2018).
El desarrollo del delito: etapas y motivaciones
El delito de sustracción de menores en España presentó una evolución diferenciada en dos etapas. El primer periodo, comprendido durante los años cuarenta y cincuenta, se enmarcó bajo un contexto de represión dictatorial donde la separación de multitud de niños de su familia biológica se justificó como medida de “higiene racial” (Vicedo, 2021) en aras a la regeneración del espíritu nacional español. El final de la Guerra Civil española supuso la búsqueda, por parte de la dictadura franquista, de diferentes medios de instauración de la ideología fascista y nacionalcatólica, mientras acababan con cualquier resquicio y manifestación del enemigo. La patologización y negación de la condición humana de los militantes republicanos fue el primer paso hacia su anulación política y social. De este modo, desde el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, el comandante Vallejo Nágera se centró en “investigar las raíces psíquicas del marxismo”1 llegando a concluir y promover, partiendo de la consideración de la raza como adquisición cultural derivada del ambiente, las medidas de higiene racial y eugenesia positiva. Y es que, si militaban “en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales (…), la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de esta plaga tan temible” (Vallejo Nágera, 1939, p.52).
Así se produjo el comienzo de la separación de multitud de menores sustentada por un “entramado legal ex profeso” (Vicedo, 2019, p.360) que abrió paso a las deportaciones de estos niños al ámbito tutelar pasando a depender su custodia de la red asistencial falangista. El Decreto sobre los huérfanos de la revolución y la guerra publicado en 1940 establecía, en su tercer artículo, que dicha tutela sería confiada, en defecto de la propia familia, a causa de existir “razones fundadas para estimar nocivo a este -el menor- para sus intereses de orden formativo y moral” (art. 4), a personas de “reconocida moralidad, adornadas de garantía que aseguren la educación de los huérfanos en un ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional” (art. 3). Un articulado que, en última instancia, reducía la operación de la pérdida de la tutela a criterios de carácter arbitral, únicamente dependientes de la opinión política que merecían los familiares según las autoridades. La Ley del 4 de diciembre de 1941 culminó esta arquitectura legal ofreciendo legitimidad al cambio de nombre de multitud de hijos de presos, fusilados y exiliados y abriendo una vía más a las adopciones irregulares y su silenciamiento (Vinyes et al., 2002).
Durante su segunda etapa, y debido al cambio contextual sufrido por el régimen, asociado a su etapa de aperturismo que conllevó la entrada de España en la ONU, la práctica de sustracción de menores y adopciones irregulares que se había mantenido vigente durante más de veinte años adoptó un cambio en su estructura y organización. Todo ello con la intención de dar respuesta a la demanda social de niños por parte de familias afines al régimen, económica y socialmente bien posicionadas, que hasta entonces se había visto satisfecha. El robo de bebés se estableció, entonces, en torno a una red que involucraba a “instituciones de caridad y beneficencia, inclusas, casas cuna, hospitales privados y públicos, casas de maternidad (…), entre otros” (Vicedo, 2019, p.362) y cuya actuación se vio propiciada por el carácter privado que regía los procesos de adopción hasta 1987 (Vicedo, 2021), cuando se atribuye la competencia exclusiva en materia de adopción al Estado para evitar, tal como señala la Ley 21/1987, “la odiosa existencia del tráfico de bebés”2.
En este periodo se consolida un modus operandi caracterizado por el engaño a mujeres solteras, pobres o jóvenes a quienes se informaba falsamente de la muerte de sus hijos al nacer (Esteso, 2012) o se negaba la recuperación de su tutela tras el ingreso de sus hijos en centros de beneficencia (de Tena, 2014). Los recién nacidos eran entregados, a cambio de donaciones o pagos, a familias consideradas aptas para la crianza en un intento de imponer una moral familiar tradicional y favorecer la vigencia de la institución familiar desde el punto de vista nacionalcatólico. Las sustracciones en las clínicas de maternidad se producían, también, por coerción, sobre todo, en los casos de madres solteras y mujeres ingresadas en pisos o casas de maternidad que, tras el parto, eran coaccionadas a la entrega de su hijo en adopción como medio para evitar el estigma de la maternidad en calidad de soltera. Coacción también sufrida por las mujeres y niñas ingresadas en los diferentes reformatorios y correccionales para madres solteras dependientes del Patronato de Protección a la Mujer (García del Cid, 2012). Un organismo constituido formalmente en el año 1942, dependiente del Ministerio de Justicia y presidido por Carmen Polo de Franco, encargado de “velar por las jóvenes caídas o en riesgo de caer” (García del Cid, 2012, p.9) y cuyas maternidades se dirigían, tal como referían sus propios boletines informativos (1971), a voluntarias y forzadas, huidas, rechazadas, rabiosas, listas, tontas, analfabetas, educadas, groseras. Y no hay, no puede haber clasificación, porque no existe, no puede haber discriminación, puesto que el signo único que cuenta es el estado de gestación o la maternidad.
Las voces de las víctimas
La verdadera comprensión de la profundidad de este fenómeno requiere de la escucha y reconocimiento de las voces de sus víctimas. El archivo público Maternidades robadas (Mujer y Memoria, s.f.) recoge los testimonios de distintas víctimas cuyo análisis permite reconstruir el daño ocasionado desde el relato y la narrativa de sus historias. Sus relatos reflejan no solo las consecuencias psicológicas derivadas de la pérdida, sino también una profunda comprensión crítica de los mecanismos ideológicos, económicos e institucionales que sostuvieron este fenómeno criminal a lo largo de tantos años.
Ideología y Poder
En la revisión del discurso de las víctimas, podemos observar cómo la ideología marca para ellas el inicio de la práctica del delito, pasando a ser sustituida por la motivación de lucro a medida que avanzaban las décadas y, en especial, tras el comienzo de la democracia. Algunas víctimas reconocen no haber estado posicionadas políticamente en el momento del robo, sin embargo, sus discursos coinciden en la identificación de la pertenencia a una clase social media-baja como factor determinante en su victimización y destacan cómo la ideología franquista, basada en un modelo de familia nacionalcatólica, legitimó la separación forzosa de madres e hijos.
Empezó por motivo ideológico y con el tiempo pues se convirtió en… en un negocio. Pero, para mí, desde luego que… que tiene que ver con la dictadura franquista porque era una época oscura y donde la gente era ignorante y… y en estos casos, esas madres no podían… o sea, era gente de bajo nivel cultural, familias humildes a las que les pasaba. Es mucha casualidad. Nunca le pasaba a gente preparada ni a gente… con una economía saneada. Entonces, para mí sí que tenía mucho que ver. Eran las víctimas perfectas para… este genocidio.
Asimismo, las víctimas coinciden en la identificación del poder residual del Estado franquista como facilitador de la comisión del delito en democracia. La vigencia de las leyes franquistas, la permanencia en altos cargos de los diferentes agentes implicados en los robos, y la influencia del poder económico y social de las familias adoptantes habrían facilitado, según estas, la impunidad asociada al delito, aún hoy en día.
Desigualdad y lucro
Al igual que la ideología, la desigualdad y vulnerabilidad social son identificadas por los testimonios como factores predisponentes a su victimización y dificultades a la hora de actuar judicialmente y buscar la reparación del daño ocasionado. El lucro es identificado como motivación principal tras las sustracciones llegando las víctimas a referirse al delito como un robo o negocio y, a sí mismas, como mercancías.
A nosotros nos utilizaron, a las madres, como meras mercancías. Ellos ponían, por decirlo de alguna manera, las fábricas, que eran los hospitales públicos y privados, y allí íbamos nosotros pues como el transportista que lleva la mercancía: llegábamos allí, nos quitaban a nuestros niños, nos engañaban con que había fallecido y se lo vendían al mejor postor.
Consecuencias psicológicas y daño ocasionado
Las consecuencias emocionales y psicológicas narradas en los testimonios son numerosas y devastadoras. Las mujeres describen sentimientos de culpa, duelo no resuelto, y una profunda desconfianza hacia las instituciones. La pérdida de sus hijos, unida al silencio social impuesto durante años, generó daños psíquicos prolongados que persisten en el tiempo.
Además, el desconocimiento sobre la verdadera suerte de sus hijos ha impedido cerrar el proceso de duelo, y la ausencia de acceso a la verdad y estigmatización social genera una victimización secundaria que se refuerza con cada intento fallido de búsqueda.
Estos hechos te producen una sensación de que no has sabido llevar la situación… un sentimiento de culpa por no haber sabido hacer nada en aquel momento. Esto ha hecho que en el tiempo yo misma me hiciera una víctima revictimizada.
Asimismo, encontramos multitud de menciones de las víctimas al proceso de embarazo y parto; y el trato violento recibido por el personal sanitario durante el mismo. Las madres refieren haber sido víctimas de negligencias y haber recibido comentarios desconsiderados con alto componente violento y estigmatizante por parte de los profesionales de la salud encargados de su cuidado.
Ausencia de reparación y olvido institucional
Un eje transversal a los testimonios es la denuncia de la falta de reconocimiento oficial y de reparación efectiva. Las víctimas sienten que el Estado ha desatendido su derecho a la verdad y la justicia. Especialmente relevante es la percepción del olvido como forma de violencia simbólica y estructural, una ausencia de políticas de memoria que, unida a la desprotección judicial, perpetúa una doble victimización: primero por la sustracción de los hijos y luego por el abandono institucional.
El ser reconocidos como víctimas, la implicación, la primera que tiene, es que automáticamente cuando eres víctima tienes unos derechos (…). Nos sentimos totalmente ninguneados. Como que no existimos, somos las víctimas invisibles.
Conclusión. Una herida por sanar
Frente al abandono e inacción estatal, las asociaciones de víctimas han desempeñado un papel crucial en la lucha contra el olvido encarnándose como espacios de apoyo emocional y consuelo. Las víctimas coinciden en la necesidad de concienciar a la sociedad como mecanismo para prevenir tanto el olvido, como la posible futura repetición del delito; e identifican el robo de bebés como una vulneración de los derechos humanos, un maltrato contra la mujer y un fenómeno con implicaciones sociales donde la falta de memoria ocupa el lugar central.
La falta de memoria (…) eso es lo que perjudica. Porque cuando una cosa se sabe, se puede evitar; si no se sabe, no.
La situación de impunidad que acompaña, hoy en día, a la cuestión de los bebés robados merece una respuesta eficaz e integral capaz de garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y el establecimiento de garantías de no repetición de lo ocurrido. La sociedad española, como Estado de Derecho, tiene la obligación de atender a las necesidades de la ciudadanía y velar por la consecución de la justicia social, y, únicamente, mediante la memoria, reconocimiento y respuesta a las consecuencias de su historia podrá dar por cumplida dicha obligación.
El 6 de marzo de 2020 fue presentada en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. A día de hoy, su aprobación sigue pendiente…
1 Fuente: Hoja de Servicios del teniente coronel Antonio Vallejo Nágera, LGA: B-382. Archivo General Militar, Segovia.
2 Fuente: Preámbulo de la Ley 21/1978, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
Referencias bibliográficas
Esteso, M. J. (2012). Niños robados: de la represión franquista al negocio. Diagonal.
Esteso, M. J. y Luque, S. (2018) El robo de bebés desde una perspectiva de género. Revista Nuestra Historia. 5, pp.169-176.
García del Cid, C. (2012). Las desterradas hijas de Eva. Algón Editores.
Mujer y Memoria (s.f.). Maternidades robadas. https://mujerymemoria.org/maternidades_robadas/
de Tena, F. G. (2014). “Nos encargamos de todo”: robo y tráfico de niños en España. Clave intelectual.
Tortosa (2014). “Los niños perdidos del franquismo”: Último episodio de la memoria de la dictadura. Journal of Catalan Studies.
Vallejo Nágera, A. (1939). La locura y la guerra: psicopatología de la guerra española. Librería Santarén.
Vicedo, R. V. (2019). La desaparición forzada de los” niños robados” en el Estado español: lecciones desde el Derecho Internacional en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián: Donostiako Giza Eskubideei Buruzko Ikastaroen Urtekaria, (19), 353-410.
Vicedo, R. V. (2021). La represión franquista sobre la maternidad: Los “niños robados” y la necesidad de incluir una perspectiva de género en la memoria democrática. Revista valenciana d’estudis autonòmics, (66), 399-442.
Vinyes, R., Armengou, M., y Belis, R. (2002). Los niños perdidos del franquismo. Barcelona: Plaza & Janes Editores.
Artículo elaborado por Elena Fernández González, alumna de la Universidad Europea, participante en el Programa de Prácticas Universitarias de la Fundación Psicología Sin Fronteras.
